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En Iberoamérica, es raro el país que no ha visto como su democracia ha sido interrumpida por un Golpe de Estado. De ahí, que los sistemas democráticos iberoamericanos se encuentren en proceso de maduración y consolidación. Brasil es un claro ejemplo, el 15 de marzo de 1985, gracias a la interinidad de José Sarney, se restablecía su democracia tras el Golpe de Estado de 1964 (aunque oficialmente no se considere su restablecimiento definitivo hasta la promulgación de la actual Constitución Federal en el año 1988). De ahí, la importancia del “Impeachment” a la ya ex Presidenta brasileña, Dilma Roussef, porque nos muestra una señal de madurez democrática esperanzadora.

Dilma fue suspendida de su cargo el pasado 12 de mayo, el Senado brasileño resolvió que la dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) debía abandonar definitivamente la presidencia por haber cometido fraude fiscal y por retrasar pagos a la banca pública, que generaron gravosos intereses a espaldas del Congreso para financiar proyectos sociales con fines electorales. Aunque semanas más tarde, el Senado decidió no inhabilitarla, dejándole una puerta abierta a la posibilidad de que pueda presentarse a las próximas elecciones que tendrán lugar en 2018.

Su vicepresidente y sucesor en el cargo, Michel Temer, se enfrenta a una difícil tarea: limpiar la imagen de corrupción que asola a las instituciones brasileñas. Aunque comienza con mal pie, ya que ha sido mencionado por varios testigos como posible receptor de los pagos ilegales repartidos entre cargos políticos por la petrolera Petrobras. Esperemos que puedan aclararse las acusaciones hacia el nuevo Presidente, porque se trataría de otro retroceso en la incipiente democracia brasileña.

Bernie Sanders, el ex candidato demócrata conocido por su populismo marxista, siguiendo la costumbre centenaria de los norteamericanos de entrometerse en las cuestiones políticas de los países de Iberoamérica, tuvo la osadía de sumarse al argumentario populista de Dilma Roussef, solicitando a las autoridades  de su país que actuaran ante el “golpe de estado” encubierto que la había apartado del poder. La izquierda internacional, y en concreto su vertiente más populista, ha tratado de desacreditar un juicio político que ha seguido todos los pasos judiciales y legislativos exigidos por la Constitución brasileña, incluyendo el derecho de la ex presidenta a defenderse públicamente.

Llama la atención como el populismo internacional clama abiertamente ante el delito de Dilma, pero calla ante el verdadero “Golpe de Estado” encubierto de Nicolás Maduro. En el caso de Dilma, no se trata de una persecución conspiranoica de poderes internacionales contra su persona, sino de la aplicación del Estado de Derecho ante un ilícito tipificado en su Constitución. En el caso de Nicolás Maduro se trata de un “Golpe de Estado” encubierto que cada vez se manifiesta con más provocación.

Ni Bernie Sanders, ni los integrantes del ALBA han levantado la voz ante la conculcación de derechos fundamentales que sufren los venezolanos bajo la tiranía de Maduro. No hemos escuchado ninguna declaración similar ante los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia venezolanos que tuvieron que renunciar a sus cargos un año antes de lo establecido, según marca la Constitución, por sugerencia del Gobierno, que los sustituyó por otros jueces “leales” antes de las elecciones.

Ni les hemos escuchado exigir la libertad del líder opositor Leopoldo López, condenado por un sistema judicial fraudulento a 14 años de cárcel, ni por ninguno de los más de 100 presos políticos. Menos aún, hemos oído una voz de apoyo a la oposición ante los absurdos tecnicismos a los que se está agarrando el gobierno de Maduro para privarle a la oposición su derecho constitucional de recolectar cuatro millones de firmas necesarias para convocar el revocatorio, un paso importantísimo para revertir definitivamente este “Golpe de Estado” encubierto, que tanto daño ha hecho a Venezuela.

A lo largo de estos casi 30 años, la democracia brasileña se ha ido desarrollando, sufriendo los vaivenes de la corrupción de la clase política. Llegando a su culmen con el caso Petrobras, escándalo que al día de hoy aún sigue golpeando al ex presidente Lula Da Silva y su familia. La corrupción es un cáncer que no sólo afecta a Brasil, sino a gran parte de los países de Iberoamérica y ante el que pocos países están siendo capaces de responder con contundencia.

Esta lacra no sólo daña las instituciones, sino que afecta gravemente a los países que la sufren, golpeando directamente su crecimiento, y por tanto, afectando seriamente a las clases medias y bajas. Cierto es que la corrupción es un mal inherente al ser humano, fruto de su debilidad, y ante esa tendencia únicamente se puede combatir con políticos que tengan un criterio firme y una fuerza de voluntad a prueba de todo tipo de tentaciones, pero no hemos de olvidar que existen mecanismos para disuadir dichas prácticas, ya sea mediante controles institucionales o mediante el anuncio de severas medidas coercitivas y punitivas. Esta asignatura pendiente debería ser prioritaria en la agenda democrática de Iberoamérica.

Miguel Ángel López Lozano es analista político.

Twitter: @malopezlozano

Artículo publicado en la Revista “La Nación”, publicación oficial del PAN

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